¿ERROR O FRAUDE ELECTORAL?

para ir creando un ambiente de zozobra y de desconfianza en la opinión pública, pues el único que puede hacer un fraude electoral es el Registrador Nacional del Estado Civil, para favorecer a los partidos amigos del gobierno, no a la oposición.

El actual Registrador, Alexander Vega, comenzó su carrera política como concejal de Chía (2004), saltó al Consejo Nacional Electoral (2014) y posteriormente logró ser seleccionado por los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, para llegar a ese alto cargo que maneja la organización electoral en conjunto con el Consejo Nacional Electoral.

Vale aclarar que los magistrados del CNE son elegidos por el Congreso de la República, previa postulación de los partidos o movimientos políticos. Por su parte, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República, por ternas que presenta el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por la respectiva corporación, previa audiencia pública, de listas de elegibles enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Estos últimos, son escogidos así: dos magistrados por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado. Esta es la estructura de la telaraña del poder político en Colombia.

O sea, que un fraude del Registrador para beneficiar a un enemigo político es más bien un disparate mental en un Estado kafkiano. En efecto, tal como lo ha manifestado este alto funcionario lo que hubo el 13 de marzo en las elecciones para Congreso de la República fueron graves irregularidades (algunas constituyen delitos) que están siendo investigadas por la Procuraduría y la Fiscalía, donde algunos jurados no contabilizaron unos votos que al final beneficiaría al partido de la oposición. Estos jurados son designados por el Registrador de distintos partidos políticos y tienen la vigilancia de los testigos electorales en cada mesa, donde al final de la jornada pueden presentar reclamaciones que se resuelven allí mismo o durante el escrutinio municipal, tal como lo establece el Código Electoral.

Así las cosas, la propuesta de algunos sectores políticos de realizar un recuento de los votos para el Senado es una figura no contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una salida política para justificar el fracaso de esa campaña electoral. ¿La culpa es de la vaca?