¿FRAUDE ELECTORAL?

En esa noche oscura del 19 de abril de 1970 la radio contaba los votos más rápido que la Registraduría Nacional, lo que motivó la suspensión de la transmisión de los boletines oficiales, por orden del Ministro de Gobierno. Posteriormente, y ante la situación de orden público el Presidente de la República decretó el Estado de Sitio y el toque de queda. Dicho fraude fue confirmado, 28 años después por el mismo autor, Carlos Augusto Noriega, en un libro que publicó en la editorial Oveja Negra, escrito sin ningún asomo de arrepentimiento ni de vergüenza.

50 años después siguen las escaramuzas de fraude de menor cuantía, especialmente en las elecciones territoriales y en las de Congreso de la República, pero a partir del tarjetón en 1990, ha disminuido considerablemente, pues durante la tradicional “papeleta” los registradores municipales se volvían ricos mientras que los candidatos controlaban la votación desde sus comandos políticos, una especie de “Casa Blanca” rudimentaria.

Hoy, el fraude electoral es casi una institución legal que hace parte de la estrategia de la mayoría de los candidatos a través de la compra del voto, crece en forma alarmante, especialmente para las elecciones de Congreso de la República, pues el mismo sistema político lo permite. Esto podría controlarse con una reforma política eliminando la jurisdicción nacional para el Senado. Por ejemplo, no existe una explicación lógica para que un candidato de Casanare salga con una voluminosa votación en el Chocó, o uno de la Guajira con votos en Nariño, donde no los conocen.

En cambio, el fraude electoral para Presidente de la República no tiene cabida. La mayoría de candidatos al Congreso de la República quedan sin dinero (limpios y endeudados). No hay mermelada por la ley de garantías. Además, para las presidenciales, los “mochileros” harán fiesta ofreciendo sus votos a los incautos para después votar por el candidato de su preferencia. Los controles electorales son más estrictos con la participación activa de las veedurías ciudadanas, los medios de comunicación, el trabajo de los testigos electorales y los videos de los teléfonos inteligentes que sirven de prueba.

Ahora bien, si Gustavo Petro gana en primera vuelta o en la segunda, o pierde, el gobierno respetará ese resultado. No hay peligro de un fraude electoral ni mucho menos un golpe de Estado, como lo están insinuando algunos personajes perversos. Lo contrario sería tocarle las nalgas al diablo que ahora tiene unos cachos más largos.

Colombia no es Venezuela ni tampoco Nicaragua, donde los organismos internacionales de los derechos humanos guardan un silencio cómplice.