Numerosos paisanos de Macondo me han llamado para preguntarme si tengo alguna explicación sobre las causas del reciente terremoto que afectó al occidente colombiano especialmente a Cali, Pereira, Manizales, Medellín y el Chocó, con una magnitud de 7.4, con epicentro en la población de San José del Palmar.
Terremoto en Colombia
Mi respuesta es la que aparece en varias plataformas especializadas en el tema, donde describen la actividad sísmica y volcánica desde Chile, pasa por Colombia, México y termina en California. Sin embargo, en un tono burlesco sugirieron que esa tragedia era un castigo de Dios o la mano del diablo, pues casi siempre esos sismos persiguen las iglesias, hospitales, ancianatos y escuelas de niños pobres, pero nunca aparece un prostíbulo.
Mientras esa discusión se decanta, la realidad de la tragedia, señalada por la Revista Cambio es la siguiente: 300 muertos, 3800 heridos, 13.000 viviendas destruidas, 75.000 averiadas, 180 edificios colapsados, 2200 centros educativos averiados y 216 centros de salud afectados, además de aeropuertos y obras de infraestructura en la región.
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Se estima que el costo de inversión para la reconstrucción supera los 20 billones de pesos, unos 7.000 millones de dólares, sobre lo cual el nuevo gobierno debe diseñar y ejecutar un plan con los más altos índices de eficiencia administrativa, primero buscando el dinero y después ejecutarlo en la mayor brevedad posible dada la situación de las víctimas.
Es el momento de hacer una revisión de las normas de urbanismo que se maneja en el país especialmente del tema de la sismo resistencia, la NSR- 10, sin actualizar desde hace 16 años, pues la mayoría de edificios caídos son construcciones viejas. Además, se requiere de un estudio para modificar la Ley 617 de 2000, que facilite la ejecución de los recursos que demanda la revisión del estado actual de las obras que exigen mantenimiento preventivo urgente; igualmente, modernizar toda la normatividad referente al urbanismo (Ley 388 de 1997) particularmente lo relacionado con expropiación de predios, licencias de construcción, ordenamiento territorial y la Ley 1523 de 2012 sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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Pero, ante todo que las oficinas de Planeación Departamental y las Municipales estén dirigidas por funcionarios técnicos idóneos, libres del vaivén político partidista. La planeación territorial es la herramienta más importante para lograr el desarrollo urbano sostenible, pues muchas ciudades hoy no resisten un sismo de grado I o el soplo de un volcán.
"Artículo de Francisco Cuello Duarte y publicado en los periódicos El Heraldo, El Meridiano, Diario del Huila, Causa Guajira y el semanario La Calle."
FRANCISCO CUELLO DUARTE
ABOGADO
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