Es la consecuencia jurídica de un proceso adelantado por la jurisdicción contencioso administrativa (Consejo de Estado, para los Congresistas; Tribunales Administrativos, para Diputados y Concejales) por violación al artículo 183 de la Constitución Política, por las causales allí indicadas:
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1 Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses,
2 Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura,
3 Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse,
4 Por indebida destinación de dineros públicos,
5 Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Además, el artículo 109 Superior amplió su espectro a la violación de los topes de gastos de una campaña electoral.
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El trámite de la demanda para los Congresistas se realiza siguiendo los pasos indicados en la Ley 1881 de 2018; la de los Diputados, según el artículo 60 de la Ley 2200 de 2022, mientras que para los Concejales, lo que dice el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
Sobre el tema, el tratadista Humberto Sierra Porto, mencionado en mi libro Derecho Electoral señaló lo siguiente:
“La pérdida de investidura tiene como consecuencia negativa la de cesar el mandato (no simplemente el de separar del cargo, que es propio de trabajadores oficiales o empleados públicos) de congresista, a aquellas personas que habiendo adquirido tal dignidad están en determinadas situaciones o han realizado determinadas conductas que según la Constitución o la ley no las hacen merecedoras para ejercer las funciones de representante del pueblo porque no existen elementos que permitan garantizar de que van a actuar para lograr el beneficio general de manera independiente”.
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La muerte política es un tema de actualidad en Colombia a raíz de la decisión que en primera instancia tomó la Sala de Decisión 24 del Consejo de Estado, dentro del proceso promovido contra el Senador Iván Name por los hechos relacionados por el tráfico de influencias en el manejo de los dineros de la UNGRD.
La muerte política significa la inhabilidad perpetua de la persona sancionada que le impide volver a aspirar a un cargo de elección popular en Colombia pero no en el sector privado donde puede seguir trabajando o coger vuelo para un país extranjero que recibe a estos personajes según la maleta que lleve, ojalá cargada de dólares.
"Artículo de Francisco Cuello Duarte y publicado en los periódicos El Heraldo, El Meridiano, Diario del Huila, Causa Guajira y el semanario La Calle."
FRANCISCO CUELLO DUARTE
ABOGADO
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