Como si se tratara de una novela de Franz Kakfa o de misterio de Agatha Christie, así se ha convertido el proceso de elección del nuevo Contralor General de la República, que reemplaza al actual, Carlos Felipe Córdoba, quien llegó a este cargo de la mano de Gaviria, Pastrana, Uribe y Vargas Lleras, lo que demuestra, como dijo el filósofo sur coreano Byung Chul Han, que “el poder no conduce a menos placer, sino a más. Las relaciones de vigilancia se truecan en contactos inductivos que electrizan la superficie de la piel”. En efecto, estos dirigentes necesitan seguir conectados al poder, después de haber disfrutado de todo el poder.
La Contraloría General de la República es un órgano de control del Estado, de alto poder político, no por el presupuesto que maneja, un poco más de un billón de pesos al año, ni tampoco por su frondosa burocracia (4.057 empleados, de los cuales 3.934 son de carrera administrativa), sino por sus funciones, pues además de meter la mano en el presupuesto general de la Nación (350 billones de pesos) y en todas las entidades públicas del Estado, impone sanciones pecuniarias derivadas de la mala gestión fiscal (art. 268.5 de la Constitución Política), y lo que es más peligroso, puede suspender a cualquier funcionario, con contadas excepciones, bajo la figura de verdad sabida y buena fe guardada (art. 268.8 de la Constitución Política).
Ahora bien, el proceso de elección del nuevo Contralor tiene su fundamento jurídico en la Ley 5 de 1992 y la Ley 1904 de 2018. Y con base en estas normas, la Mesa Directiva del Congreso de la República realizó una convocatoria pública para seleccionar una lista de 10 participantes de los cuales eligen uno, que podría ser el de mayor puntaje o discrecionalmente a otro que haya cumplido con los requisitos legales y constitucionales, previa depuración que haya efectuado la Comisión Accidental del Congreso, obedeciendo a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dictó la medida cautelar en una Acción Popular, por no haberse dado cumplimiento a la ley de cuotas.
Sin embargo, la discusión gira alrededor de si se trata un concurso de méritos en los términos consagrados en el artículo 125 superior, que para el caso concreto beneficiaría a Andrés Castro Franco, quien obtuvo el mayor puntaje, y sobre lo cual el Congreso en pleno sólo impartiría su bendición en una sesión de gestos desagradables. O, sí por el contrario, es una simple convocatoria para escoger un listado de diez elegibles sobre el cual el Congreso de la República apuntaría todo su poder político en la figura escogida por la maquinaria como una telaraña donde se tejen toda clase de intereses. Ya se escucha el eco de Jennifer Arias, ex presidente de la Cámara de Representantes, durante la votación de la ley de garantías: “Anatolio, vote sí”.
Por eso, como dice Byung Chul Han: “el poder nunca es ciego”, más bien puede ser tuerto o visco.
"Artículo de Francisco Cuello Duarte y publicado en el diario El Heraldo de Barranquilla, Colombia."
FRANCISCO CUELLO DUARTE
CONSULTOR POLÍTICO
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