LA DESGRACIA DE SER EMPLEADO PUBLICO

Lograr un empleo es toda una odisea, pues casi siempre se consigue a través de la actividad política para llegar a un simple cargo de libre nombramiento y remoción o de carrera en provisionalidad.

Otro gallo canta en los niveles altos, con buena remuneración salarial y cierta estabilidad, pues son los hijos de los señores del poder, y aun cuando se trate de cargos de libre nombramiento y remoción, gozan de una fortaleza política que no los tumba ni un tsunami. Y si los mueven es para ubicarlos en otro lado donde adquieran más experiencia, o en el exterior para que aprendan otro idioma y otras mañas, pues de lo que se trata es que no se queden por fuera de la sombra del árbol del Estado.

En cambio, allá abajo, en los estratos de la Chinita y Me Quejo (Barranquilla), y el Distrito de Aguablanca (Cali), están los hijos del pueblo con salarios mínimos, pues los economistas de Harvard y Oxford nos han metido el cuento que los altos salarios tienen incidencias catastróficas sobre la inflación y el buen desempeño de la economía del país. Estos sabios, para estos estratos diseñan políticas restrictivas como la carrera administrativa, calificación del desempeño laboral, así como también deben soportar acoso laboral, acoso sexual, propuestas indebidas, reubicación del cargo, reestructuración administrativa y hasta retiro del servicio con actos administrativos cubiertos de falsa motivación porque el empleador así lo decidió en un acto de desorden mental o estomacal.

Y es aquí donde comienza la tragedia para este pobre, para lograr su reintegro cuando es un funcionario de carrera administrativa o en provisionalidad, pues el de libre nombramiento y remoción ya partió en el primer bus hacia un destino incierto en su mundo de desempleado. Dicho reclamo se plantea a través de una demanda administrativa que tiene dos etapas: la conciliación prejudicial, que nunca se concilia y el proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con dos instancias de 5 a 6 años para encontrarse con la sorpresa, de un reintegro al cargo que tenía, y el pago de una indemnización en una cuantía entre seis meses y dos años, pues la Corte Constitucional se inventó una tesis que se viene aplicando con la sentencia SU- 556 de 2014, pues esa entidad considera que hubo un despido injusto por parte del empleador y que esa persona puede conseguir fácilmente otro empleo, en un término de 2 años.

Tanto abuso del poder y concentración de los privilegios puede traer sorpresas electorales, pues el COVID-19 no solo afectó la salud y la economía del pueblo colombiano, sino que también va a cambiar el modo de pensar y de actuar en el escenario político. Por favor, no le toquen las nalgas al diablo. Puede haber una respuesta diabólica de graves consecuencias políticas.