Sobre la dimensión del citado documento debo manifestar que es un estilo particular en el campo del Derecho, que algunos lo hacen para infundir respeto, otros para llenarse y hasta sobrarse en argumentos – supongo– libre de cualquier artilugio perverso. Y a este mundo de papel estamos acostumbrados jueces, litigantes y hasta clientes.

Aterrizando entonces en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el caso del senador Álvaro Uribe Vélez, el problema no es de volumen exagerado de la decisión (1.554 folios) que es un atentado contra la salud mental de un juez, sino de la credibilidad del fabricante. Es la marca lo que vale. Y la Corte Suprema de Justicia, sala penal, no goza de muy buena credibilidad, pues en épocas pasadas se dejó permear por el virus, bacteria o pájaros de la corrupción, naciendo el Cartel de la Toga y, en algunos departamentos, unos cartelitos, que como diría el cantante Jessi Uribe: peligrositos, mañositos, engreiditos y torciditos.

¿Cómo es posible que 23 integrantes de esa honorable corporación no se hayan dado cuenta de que tres manzanas estaban oliendo a feo? Cuando en el país un policía viola a un menor o trafica con drogas o armas se le viene el mundo encima (son 140.000 policías) y muchos dirigentes piden eliminar a la Policía porque está podrida; igualmente, con las Fuerzas Militares (hay 230.000 militares). Piden: tierra arrasada contra esta institución. Y salen los manifestantes a tirar piedras.

Sería irresponsable analizar en una columna periodística el contenido de ese valioso y gordo documento (1.554 folios), el cual debe estudiarse con mucho cuidado y responsabilidad, ver el material probatorio, tener en cuenta el debido proceso y los elementos de la sana crítica, y especialmente verificar y comprobar, para buscar la verdad.

Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia no puede ser objeto de análisis mediático ni periodístico superfluo, emocional, político o maquiavélico. Ni tampoco someterlo a consulta u opinión popular o de encuesta electoral. No puede haber manifestaciones ni en favor ni en contra del sindicado, para evaluar la decisión judicial de una institución de tanta importancia, pues lo que el país reclama es JUSTICIA, autos o sentencias sin odio ni amores. Dura lex, sed lex.

Si la Corte Suprema de Justicia va a actuar en este caso y en los siguientes con la transparencia debida, libre de toda duda, cristalina y pura como la miel de abeja, el país no necesita una reforma a la justicia ni tampoco una Constituyente. Un nuevo faro alumbra el camino oscuro del Estado colombiano. Que se preparen entonces quienes actúan como artistas del trapecio burlando el Código Penal.